viernes, 12 de febrero de 2010

Incomprensible

El genocidio tiene una foto universal. Todas las masacres cometidas tienen mucho en común y, lamentablemente, sería muy difícil concretar donde ocurrió la que nos muestra la imagen superior.

Lo que no tienen en común todos los regímenes que han aplicado estas prácticas de terror es las consecuencias jurídicas que la historia deparaba a sus dirigentes. En España, por ejemplo, todos los dirigentes del franquismo se fueron de rositas, algunos incluso se reconvirtieron en "demócratas de toda la vida"

Llegados a este momento, cumpliendo una década ya del siglo posterior al genocidio español, parece comprensible que la judicatura plantee que alguien debe pagar por semejantes atrocidades, a pesar de las evidentes dificultades procesales que tal empresa pueda implicar.

Lo que no es en absoluto aceptable, lo que es del todo incomprensible es que el las altas instancias del poder judicial de una democracia plena de un pais como España quieran condenar al juez que investiga esos crímenes. Y además, derivado de un proceso iniciado contra él, por personas ideológicamente próximas a los autores de esas barbaridades.

Hoy Juan Gelman, vícitma de otra dictadura militar, publicaba un interesante artículo en el EL PAIS en el que planteaba el asombro ante semejante proceso.

Yo también creo, como el Sr. Garzón, como millones de ciudadanos españoles, que la dictadura franquista debe ser juzgada. Si llega el día que condenan bajo un oscuro proceso y , en mi opinión, exento de algunas garantías procesales al juez que articula nuestras demandas esa fecha quedará fijada como aquella en que España volvió a nublarse, a ser de nuevo tan gris.

lunes, 8 de febrero de 2010

Ya existe la fórmula....mejorémosla.

Reconozco que cuando escuchaba al presidente del Gobierno en su comparecencia detallar algunas de las medidas que contiene el documento para la reforma del mercado de trabajo me ha soprendido gratamente que el combate contra la temporalidad y el desempleo pase por el impulso de la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida, un instrumento ya existente y poco conocido.


Inicialmente esta modalidad de contrato indefinido (caracterizado por una indeminización por despido de 33 días por año y por la bonificación de la cotización del empresario a la Seguridad Social) está prevista solamente para algunos colectivos de trabajadores, esencialmente parados jóvenes y de larga duración así como parados maduros (mayores de 45 años). Y, cabe destacar, que también se puede utilizar esta modalidad -con algún condicionamiento- cuando se trate de transformar un contrato temporal en indefinido.


Esta herramienta, modificada y mejorada en sus restrictivos requisitos de acceso, debe servir de estímulo a la contratación a los empresarios por la posibilidad que tienen de hacer uso de las bonificaciones en las cotizaciones sociales que implica (aunque sería un tema a revisar debido a la práctica universalización de las bonificaciones pero que desde luego no se prevén para los contratos temporales) así como por el hecho de que en el caso de un despido injustificado la indemnización sea sustancialmente menor. Y sin obviar, Sres. empresarios que en contadas ocasiones han de hacer frente a la indemnización de 45 días que se establecen para los contratos fijos ordinarios que sólo es de aplicación a los despidos de carácter injustificado.


España está en el umbral de la recuperación, ya existen datos que lo confirman. Y sin duda esta fórmula, unida a las ya anunciadas, puede contribuir, con la ayuda de todos podemos llegar a traspasar ese límite.

viernes, 5 de febrero de 2010

Forum y Afinsa: El estado no es culpable.


Así lo ha declarado hoy la Audiencia Nacional. No existe responsabilidad patrimonial del Estado por no regular la actividad de Fórum Filatélico y Afinsa durante los más de 25 años en los que estuvieron operando, al estimar que la actividad desarrollada por estas sociedades estaba fuera del ámbito de supervisión de las autoridades financieras.

Me parece perfecto que los ciudadanos no tengamos que pagar las ocurrencias inversoras de un determinado grupo de personas, que decidió que sus ahorros iban a parar a una entidades que tal como hoy ha señalado la Audienciara NO hacían auténticas operaciones financieras de activo o de pasivo con sus clientes sino que eran claramente de naturaleza mercantil.

Creo que a día de hoy todo el mundo conoce que hay determinadas inversiones de riesgo (nadie da duros por pesetas, diría mi abuelo) que hay que cuidar, y que si no se hace no se pueden pedir luego responsabilidades a Papá Estado.

En cualquier caso es posible que determinados pequeños ahorradores hayan sido estafados. Y el Gobierno fue sensible hacia este colectivo y por eso articuló una serie de medidas tendentes a reforzar la asesoría jurídica de las organizaciones de defensa de los consumidores así como a garantizar el acceso a la vía judicial a los perjudicados.

Sin embargo, en los últimos tres años he sido testigo de como un grupo de desalmados (unos 40 o 50) bajaba cada martes, bajo el paraguas de la autorización de la Delegación del Gobierno para manifestarse reivindicando la protección del estadoa los afectados por el caso, a la sede federal del PSOE a gritar "Socialistas: ladrones y terroristas" "Zapatero, a tu abuelo lo mataron por traidor" y otra serie de lindeces que me parece mejor no reproducir.

No sólo ocasionaban molestias a los vecinos del barrio y perjuicios a los negocios próximos a donde se reunían (bares, peluquerías etc) es que además ensuciaban la imagen de los pequeños ahorradores (que al principio se situaban en un grupo aparte hasta que finalmemnte dejaron de acudir a esas concentraciones semanales) e incluso han protagonizado episodios de agresiones y amenazas a quienes les recriminaban su dureza.

Sin lugar a duda, el Estado no está para proteger los intereses de quienes invierten con alto riesgo, pero, en mi opinión, mucho menos si esos personajes son de esta calaña.

miércoles, 3 de febrero de 2010

¿Quién se fía ahora de Cospedal?