Cuando, tras un periodo de maduración, una idea política se convierte en una mala iniciativa para los ciudadanos, normalmente el trabajo en las instituciones de quien tiene legitimidad para ello suele derivar en una modificación sustancial de esa iniciativa. Y si la modificación no es suficiente, o no existe, suele darse una fuerte contestación social que provoca el abandono de ese proyecto.
Eso ha ocurrido en España, en materia laboral, tras las convocatorias de las últimas huelgas generales. Tras el 20-J por ejemplo se consiguieron suprimir los aspectos más negativos del decretazo de Aznar, (salvo lo referido a los salarios de tramitación que ha provocado desde 2002 que en España el despido sea ya del todo libre y casi gratuito) e incluso le costó el puesto al Ministro de Trabajo de la época, Juan Carlos Aparicio.
Alfono Guerra, por su parte, se refirió, el 20-J, a lo que le tocó gestionar tras la huelga del 14-D. en los siguientes términos: "el proyecto del contrato de inserción para jóvenes, hubo que guardarlo en un cajón"
Pues bien, ahora la UE, a iniciativa de alguno de los estados miembro con gobiernos de corte conservador, pretenden recuperar una vieja iniciativa: ampliar la jornada máxima semanal a 65 horas y, lo que es peor, a tiempo ilimitado para los más precarios: los contratos de menos de cuatro meses. Además sugiere que los trabajadores de las ETT no tengan los mismos derechos que los de la empresa para la que prestan servicios hasta no haya transcurrido un determinado tiempo, así como un incontable número de despropósitos.
Esta iniciativa, impulsada principalmente por Berlusconi, ha sido ya rechazada por España e incluso por el gobierno francés. Pero el formato de las normas que emanan de Europa permite que sí sean de aplicación en un futuro (la directiva puede no trasponerse en la actualidad, pero sí más adelante, en caso de que cambie el color político de nuestro gobierno)
El "a por los trabajadores otra vez" deja en una desesperada situación a los que queremos fortalecer el discurso de la Europa social. Pero esta situación, gestionada inteligentemente, sí puede contribuir al fortalecimiento del concepto de "ciudadanía europea" en tanto pudiera esperarse la contestación social inherente a este tipo de iniciativas que antes comentábamos.
Espero y deseo que los países centroeuropeos con mayor tradición sindical que el nuestro y mayor implicación en la defensa de los derechos de los trabajadores inicien la respuesta que este proyecto merece.
Si no, nos podremos encontrar con una UE que favorece la competencia desleal en lo social, permitiendo que la clase trabajadora pueda disponer de una serie de derechos sólo en determinados paises, aquellos que, como España, se niegan a modificar nuestra legislación laboral para dar cabida a esa locura.
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